Responsabilidad penal de la persona jurídica en la legislación ecuatoriana

Por Juan Carlos Salazar Icaza

“Con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, que derogó al Código Penal Vigente hasta el 10 de agosto de 2014, en Ecuador, vivimos una nueva estructura jurídico penal, introduciendo novedosas instituciones al aparataje normativo estatal, bajo la premisa consagrada en su propio texto, específicamente en el artículo 3, respecto de la mínima intervención penal, sosteniendo la ley que: “La intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas. Constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales”; más, del andamiaje del propio Código, a lo largo de sus capítulos y secciones vemos que, es el mismo legislador quien conculca aquel mandato de optimización. Consecuentemente, en Ecuador, lejos de vivir un Derecho Penal fragmentario y de ultima ratio, tenemos hipótesis punitivas exageradas, v.gr. la no afiliación a un trabajador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como infracción autónoma , independiente de aquella que interesaría al derecho laboral; o por ejemplo la responsabilidad del funcionario público que inobservando el deber objetivo de cuidado, haya otorgado permisos de construcción respecto de obras civiles que hubieren perecido y como consecuencia de aquello se verifique el óbito de un individuo ; lo que inclusive nos puede hacer notar que nuestro Código, tiene, sin duda, influencia de la corriente dogmática descrita como “Derecho Penal del Enemigo”, y por tanto, se distancia del referido principio de mínima intervención.”

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Términos mencionados en esta doctrina: código, integral, orgánico, normativo, ejecución, estructura, instituciones, aparataje, intervención, punitivas.